sin ciencia no hay futuro

Nuestros desencuentros democráticos

Publicado: 2019-06-30


La renuncia del presidente Kuczynski, presionado por una horda de congresistas tanto o más corruptos, marca un momento importante de este último periodo democrático. Si bien, el Perú siguió creciendo económicamente (por encima del promedio latinoamericano) y el orden constitucional fue respetado durante el cambio de presidente, nuestros “partidos políticos” se enfrascaron en luchas intestinas que pusieron constantemente a prueba nuestro precario equilibrio de poderes. Un equilibrio de contrapesos institucionales diseñado por cierto para autoridades competentes e identificadas con los destinos del país, una variedad de políticos poco numerosa en el actual Congreso de la República. Por ello, a pesar de que el Perú continúa avanzando con dificultad en diversos ámbitos, los permanentes enfrentamientos entre poderes del Estado están complicando nuestro futuro político.

La poca probidad de nuestras autoridades (con contadas excepciones) se encuentra nuevamente entre las causas principales de esta última crisis democrática. Así, nuestros innegables avances socioeconómicos de las últimas décadas se ven claramente matizados por nuestros alarmantes niveles de corrupción, inseguridad, precariedad institucional y conflictividad social. En nuestra opinión, tres procesos (en curso e interconectados) explican la actual situación política: primero, el excesivo enfrentamiento entre la oposición y el gobierno, segundo, el fuerte impacto del escándalo Lava Jato y tercero, la inesperada crisis de la justicia iniciado por el escándalo Lava Juez. Estos tres procesos han sido empujados por la activa participación de una prensa independiente, la indignación de la opinión pública y la voluntad política del presidente Vizcarra, consiguiendo algunos avances en ciertas reformas institucionales que se encontraban pendientes desde hace décadas.

El más importante de estos tres procesos es sin duda el enfrentamiento continuo del Congreso con el Ejecutivo. Los electores peruanos (en 2016) eligieron una combinación política que configuró un permanente enfrentamiento entre poderes del Estado (no olvidamos que no es la primera vez que esto ocurre). La mayoría fujimorista en el Congreso buscó boicotear al gobierno de Peruanos por el Kambio, queriendo posicionarse además como una fuerza política arrolladora para las próximas elecciones generales. A causa de esta particular configuración, los enfrentamientos entre poderes continúan hasta nuestros días, con algunas pausas pasajeras, lo que naturalmente provoca un hartazgo popular y un desgaste en la popularidad de la mayoría de los políticos implicados (con excepción por otras razones de Vizcarra y sus aliados). Esta destructiva situación ha hecho también que los peruanos pierdan confianza en su sistema político, viendo caer sucesivamente en desgracia a sus principales líderes de las pasadas elecciones: Pedro Pablo Kuczynski perdió la presidencia, Keiko Fujimori se encuentra en prisión, Kenji Fujimori se encuentra fuera del parlamento, numerosos ministros fueron defenestrados, las bancadas del gobierno y la oposición se encuentran divididas, etc.

El segundo proceso tiene que ver con la fuerza del tsunami judicial del escándalo Lava Jato en el Perú. Este escándalo también contribuyó al desprestigio de la clase política “tradicional”, cuando las confesiones premiadas de los empresarios brasileños comenzaron a desnudar (a partir de enero del 2017) los mecanismos de corrupción que habían funcionado en el Perú durante décadas. Quedando claro que la mayoría de partidos políticos habían financiado sus campañas y las fortunas personales de sus líderes con las cuantiosas sumas de dinero entregadas por las empresas constructoras (aunque esta no fue la única fuente de corrupción). Por otro lado, la impunidad habitual del establishment político se vio inesperadamente atacada por un grupo de magistrados que complicaron legalmente a sus más destacados líderes. Los valientes fiscales del equipo especial Lava Jato y el implacable juez Concepción Carhuancho contribuyeron a devolver las esperanzas a una población que exigía una lucha frontal contra la corrupción, lo que fue posteriormente secundado por otros magistrados y por el propio presidente Vizcarra (quedando pendiente la lucha frontal contra la inseguridad). Este modesto e inesperado fortalecimiento institucional, comenzado con reformas anteriores del poder judicial, ha permitido conseguir uno de los mejores avances en la lucha contra la corrupción política en América Latina (después del Brasil), por lo que actualmente Alejandro Toledo se encuentra fugitivo, Alan García muerto, Ollanta Humala y su esposa enfrentan un juicio, PPK detenido en su domicilio, Susana Villarán en la cárcel, etc. Ha habido, sin duda, algunos excesos en el accionar de estos magistrados, que parecen momentáneamente justificarse por la necesidad de afrontar con vigor nuestros abrumadores niveles de corrupción institucional (en vísperas del bicentenario).

El tercer proceso corresponde al grave escándalo del sistema de justicia conocido como Lava Juez, que, por cierto, se inició por motivos bastante alejados a la política. Una serie de escuchas telefónicas ordenas por una jueza del Callao complicaron rápidamente a una red de jueces y fiscales corruptos que llegaban hasta las más altas instancias del sistema de justicia peruano. De esta manera, este escándalo desnudó una realidad judicial sobre la cual muchos peruanos tenían sospechas. La prensa hizo públicas una serie de grabaciones que mostraban los infames negociados de este vasto mecanismo de corrupción que terminó empujando a la destitución o renuncia de altos funcionarios, llegando incluso al presidente del Poder Judicial (Duberlí Rodríguez) y al Fiscal de la Nación (Pedro Chávarry). Este escándalo abrió además una guerra dentro del sistema de justicia donde algunos jueces y fiscales honestos tratan de salvar el honor de sus instituciones y una gran mayoría de magistrados comprometidos con la corrupción buscan mantener la impunidad de los poderosos. Este proceso en curso implica también una peligrosa politización de la justica por parte de los partidos políticos y las autoridades gubernamentales. Todo ello ha empujado a la dificultosa creación de la Junta Nacional de Justicia y a la propuesta del ejecutivo por avanzar en la impostergable reforma del sistema de justicia (una herramienta del Estado fundamental - si funciona bien - para reducir los alarmantes niveles de corrupción, impunidad, robos, tráfico de drogas, feminicidios, etc.)

Estos tres procesos paralelos han provocado una serie de crisis al interior de los tres poderes del Estado, presentando un lado positivo, compuesto por algunos avances en materia de reforma política y judicial. Sin embargo, también presentan un lado negativo expresado en la drástica caída de la confianza ciudadana en sus instituciones políticas e incluso en la democracia. La fuerte desaprobación de muchos líderes parece presagiar una fuerte volatilidad electoral en las próximas elecciones generales, posibilitando el surgimiento de algún nuevo outsider (como lo muestran las encuestas con el ingreso en las preferencias ciudadanas del alcalde de la Victoria, de Antauro Humala y del Primer Ministro). Toda esta inestabilidad posiblemente nos aleje de la consolidación de un sistema político más sano y estructurado, que sea capaz de neutralizar el regreso de las fuerzas populistas de izquierda o derecha. Lo que nos lleva a considerar que es realmente importante que las reformas políticas empujen (con el apoyo de la sociedad civil) al surgimiento de una nueva generación política, más madura, más proba y más competente, pues el comportamiento mediocre y corrupto, han empujado en el pasado a graves crisis económicas y a largas rupturas del orden democrático. Todavía estamos a tiempo de salvar nuestra democracia, que, a pesar de sus defectos, garantiza (mejor que otros regímenes) nuestras libertades y derechos ciudadanos. Sin embargo, debemos apresurarnos en emprender las reformas necesarias para poder seguir eligiendo libremente a nuestros gobernantes. En conclusión, debemos entender que todos estamos un poco frustrados por nuestros actuales desencuentros democráticos, por lo que hay que perfeccionar su funcionamiento en nuestra realidad social, pero debemos relativizar y defender nuestro aprendizaje democrático liberal, pues estaríamos sin duda mucho peor bajo la bota de algún dictador populista.


Escrito por

Gustavo Pastor

Phd en Estudios Políticos por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París.


Publicado en

Perumanta

Reflexiones sobre el Perú