El Covid19 continúa provocando serias consecuencias sobre la salud de miles de conciudadanos, pero también sobre nuestra vida económica, social y política. Todo ello era bastante previsible si tenemos en cuenta nuestros altísimos niveles de desigualdades sociales y de inercias institucionales. Muchos de nuestros conciudadanos no han podido cumplir convenientemente la cuarentena, pues se encuentran enfrentando esta pandemia desde una posición escandalosamente vulnerable. El Perú también enfrenta al Covid19 desde una posición sumamente complicada, pues arrastra consigo muchas “condiciones agravantes” que nos juegan contra cuando hay que afrontar momentos extremos como el que venimos atravesando. Nuestras carencias históricas (que nos acompañan hace décadas o incluso siglos) se vuelven ahora mucho más insoportables, comprobando amargamente que todavía tenemos bajas capacidades en todos los niveles gubernamentales, bajos niveles educativos, bajos recursos en el sistema de salud, bajos niveles de responsabilidad ciudadana, seguidas de un largo etcétera. Sin embargo, entre nuestras “condiciones agravantes” destaca claramente nuestros altísimos niveles de corrupción. 

Según la Contraloría de la República, el Perú perdió el año pasado por corrupción aproximadamente 17 mil millones de soles (El comercio, 26/4/2019). Lo que equivale al 9.4% del PIB del 2019. Esto es bastante más de todo lo que el Estado invierte en salud y educación pública juntos (aproximadamente 3% y 4% respectivamente). ¿Se imaginan todo lo que hubiéramos podido invertir con este dinero en mejorar sustantivamente nuestra educación y salud pública? ¿Y cómo nos hubiera servido en estos momentos tener hospitales bien equipados? El problema con la corrupción es que no se trata solo de los miles de millones de soles robados, sino también de muchas otras pérdidas colaterales (lo que se conoce como costos institucionales de la corrupción). Montos que según muchos expertos corresponderían a varias veces el monto total robado. El profesor Alfonso Quiroz en su magnífico libro “Historia de la corrupción en el Perú” afirmaba que podíamos considerar que la corrupción era “una de las principales causas del subdesarrollo peruano” (p.424). En efecto, este autor explicaba detalladamente como la corrupción generalizada había reinado casi sin trabas en el país durante nuestros casi doscientos años de historia. En realidad, Quiroz se detenía en el 2000, pero sería muy fácil completar su historia de la corrupción con todo lo ocurrido durante los años Toledo, García, Humala, PPK y Vizcarra. Igualmente, Quiroz mostraba como los pocos intentos por reducir los niveles de corrupción fueron sistemáticamente derrotados por los intereses de la mayoría de autoridades (locales y nacionales) que preferían seguir enriqueciéndose individualmente. No es de extrañar entonces que durante esta catastrófica pandemia veamos muchas autoridades del nivel local, regional o nacional, intentando llenarse los bolsillos a costa del bienestar de todos los peruanos (sobre todo de los más vulnerables). Por lo tanto, los escándalos que estamos viendo estos días dentro de la Policía Nacional, los hospitales, los municipios, los gobiernos regionales, o incluso, hace unos años con las coimas del Club de la Construcción, los Cuellos Blancos del Puerto o los videos de Montesinos, son en realidad un chancay de veinte ante las verdaderas dimensiones sistémicas del problema de la corrupción en el país (pues solo una muy pequeña parte de lo robado sale a la luz pública).

Es harto conocido que para sacar al Perú del subdesarrollo se tiene que invertir (entre otras cosas) en educación, en fortalecer las capacidades institucionales y en combatir radicalmente la corrupción. Una incómoda pregunta surge inmediatamente: ¿Por qué entonces se ha hecho tan poco en todos estos años? Me parece que es necesario modificar un poco la pregunta: ¿Es qué acaso a los gobernantes peruanos (y en general a los grupos de poder) les conviene realmente invertir en estos tres rubros? ¿No será que, si tuviéramos ciudadanos más educados nunca votarían por personajes como ellos? O ¿si es que existieran un mejor sistema político, un mejor sistema de justicia, un mejor sistema anticorrupción, muchas de nuestras autoridades y empresarios no podrían seguir robando tranquilamente como lo han venido haciendo? ¿Acaso comenzarían a tener miedo de una verdadera sanción al dejar de sentirse protegidos por la impunidad de un sistema judicial deficiente y de una política cíclica del borrón y cuenta nueva? ¿No será que la corrupción de Odebrecth será suplantada por la corrupción del Covid19, y así sucesivamente? Entonces, si el objetivo es seguir robándole los fondos públicos al Perú y a los peruanos, pues es seguro que nunca se invertirá realmente en estos tres frentes. A parte claro de realizar algunos cambios estéticos, crear instituciones que por falta de personal, presupuesto o respaldo político se les escapan todos los ladrones y a veces vivir algunos momentos de lucha anticorrupción cuando por casualidad caigamos sobre algunas autoridades honestas (¿Paniagua? ¿Vizcarra?). E incluso podemos esperar que hasta nuestras autoridades más virtuosas se vuelvan progresivamente más permisibles ante el funcionamiento corrupto generalizado. 

Debemos ahora hablar brevemente de la insensatez del nuevo Congreso de la República. Que por cierto si continúan así nos van a hacer extrañar a los impresentables parlamentarios anteriores. En efecto, muchos de nuestros flamantes congresistas peruanos (gracias a Dios hay algunas excepciones) parecen estar buscando desesperadamente protagonismo partidario o individual, sacando todo tipo de leyes populistas (el retiro del 25% de las AFP, la anulación del cobro del peaje, la anulación de la declaración jurada de intereses en la PCM, la formalización de taxi-colectivos) que, en realidad, lo único que hacen es complicar más al país y al Ejecutivo. Por supuesto, no se ocupan para nada de las verdaderas razones por las que fueron elegidos: terminar las urgentes reformas políticas y judiciales. Todo parece indicar que a la mayoría de ellos no les interesan tanto las reformas de fondo, por lo que intentan hacer lo de siempre: dejarlas de lado o desnaturalizarlas. Sin embargo, están cometiendo un gravísimo error de político. Los peruanos no somos tan tontos. Ya nos han hecho casi todas las trampas políticas posibles. Solo recuerden lo caro que les salió a los fujimoristas enfrentarse al ejecutivo y al clamor ciudadano por luchar contra la corrupción. Las actuales bancadas populistas también pagarán muy caro su defensa de intereses oscuros o particulares, sobre todo en plena pandemia mortal.

Quiroz nos recordaba también como Francia, Inglaterra o Estados Unidos habían realizado importantes reformas anticorrupción en ciertos momentos críticos de sus historias. Nosotros también hemos sabido aprender de nuestros errores, por ejemplo, mejorando nuestro manejo macroeconómico luego de la catastrófica hiperinflación de finales de los ochenta. Espero que esta gravísima tragedia sanitaria, que costará miles de muertos (entre compatriotas, amigos y familiares), y miles de millones de dólares en pérdidas económicas y sociales, nos sirva para aprender a castigar drásticamente (hasta intransigentemente) a todo aquel que se robe los fondos públicos. El ejemplo más trágico de lo necesarios que son estos fondos robados para protegernos, es lo que viene ocurriendo en los hospitales de Loreto, donde cientos de personas mueren en hospitales ruinosos, dentro de una región que hace décadas recibe un importante canon petrolero. Ojalá esta catástrofe nacional en pleno bicentenario nos convierta (por el sufrimiento que experimentaremos) en ciudadanos más exigentes, que obliguen a sus autoridades a realizar las reformas políticas, judiciales y sanitarias que necesitamos para iniciar con mejores bases nuestro tercer siglo de libertad. Si no lo hacemos, pues las próximas generaciones de canallas nos seguirán robando nuestros esfuerzos colectivos, condenándonos a continuar ahogándonos por varias décadas más en el infierno violento del subdesarrollo.